Descender de la Torre de Marfil y Deliberativizar la Academia: un minipúblico de constitucionalistas en el Congreso Mundial de Derecho Constitucional

¿Qué sucede cuando se convoca un minipúblico deliberativo compuesto en su totalidad por académicos, en el marco de un congreso mundial? El resultado supone un cambio refrescante frente a los previsibles programas de las conferencias y brinda una oportunidad excepcional para que dos disciplinas académicas colaboren en torno a una inquietud común. En este artículo, el equipo organizador reflexiona sobre cómo se desarrolló esta experiencia.

“¿Mini qué?”

La pregunta resonaba por los pasillos. La mayoría de los más de 2.000 participantes en el Congreso Mundial de Derecho Constitucional de este año, celebrado en la Universidad Externado en Bogotá, nunca había oído hablar del término “minipúblico”. Sin embargo, frente a la sala H, la gente había empezado a hacer fila para ver de qué se trataba.

Más de 200 participantes lograron acomodarse en el abarrotado auditorio. Algunos de los que llegaron tarde tuvieron que sentarse en las escaleras, una imagen poco habitual en una conferencia académica. Alrededor de la mitad de los asistentes —119 expertos en derecho constitucional, para ser exactos— habían sido seleccionados al azar para reflejar la diversidad de las más de 2.000 personas inscritas en la conferencia. La muestra se estratificó para reflejar el género, las regiones (y, por ende, las tradiciones jurídicas) y los países del conjunto total de participantes. Del grupo, 63 eran hombres y 56 mujeres. Provenían de seis continentes: 44 de América Latina, 37 de Europa Occidental, 17 de América del Norte, 6 de África y un número menor de otras regiones. Algunos procedían de países que rara vez figuran en los debates mundiales sobre derecho constitucional, como Mozambique, Guatemala, Rumanía, la República Dominicana y Nigeria. Muchos eran académicos que iniciaban su carrera, mientras que otros eran figuras consagradas en el campo.

Semanas antes de la conferencia, habían recibido una carta de invitación seguida de una breve guía en la que se explicaba su papel en el «Minipúblico sobre la democracia como derecho humano». Como organizadores, seleccionamos este tema no solo porque la crisis mundial de la democracia ofrecía un terreno común a participantes de diversas jurisdicciones, sino también porque el debate tenía un claro propósito público. La Corte Interamericana de Derechos Humanos está evaluando si la democracia debe reconocerse como un derecho humano. Se espera que la Corte emita su decisión en los próximos meses. Como suele ocurrir con los tribunales internacionales, su fallo podría influir en los tribunales constitucionales y en los órganos legislativos de toda la región y de otras regiones.

De las 200 invitaciones enviadas, 119 académicos aceptaron participar (59,5 %); una tasa de aceptación excepcionalmente alta en comparación con la de la mayoría de los minipúblicos, que suele situarse por debajo del 10 %. Veinte profesores facilitaron los debates —dos por cada mesa— y cerca de treinta estudiantes colaboraron en el proceso. En total, el minipúblico congregó a unas 200 personas, lo que representa aproximadamente el 10 % de todos los inscritos en la conferencia. Entre los espectadores y observadores se encontraban Luís Roberto Barroso, expresidente del Supremo Tribunal Federal de Brasil, y reconocidos constitucionalistas como Tom Ginsburg, Sabrina Ragone, David Landau, Dieter Grimm y Mila Versteeg.

Cualquiera que haya asistido a una gran conferencia conoce la rutina. Miles de académicos recorren interminables pasillos en busca de la sala donde expondrán años de investigación ante una audiencia reducida, compuesta a menudo por personas sentadas tras sus ordenadores portátiles mientras preparan las diapositivas de sus propias presentaciones.

Como miembros del comité organizador, sabíamos que esto sería inusual. Habíamos comenzado a planificarlo varios meses antes de la conferencia. Al principio, nuestra motivación era sencilla. Cualquiera que haya asistido a una gran conferencia conoce la rutina: miles de académicos recorren pasillos interminables en busca de la sala donde presentarán años de investigación ante una audiencia reducida, a menudo compuesta por personas sentadas tras sus ordenadores portátiles mientras preparan las diapositivas de sus propias presentaciones. Entretanto, tras otras puertas tienen lugar cientos de conversaciones igualmente interesantes. Los académicos suelen salir de las conferencias con mejores trabajos, redes de contactos más sólidas y nuevas oportunidades de publicación; sin embargo, rara vez se reúnen para trabajar colectivamente en una cuestión de interés público.

El problema no es la falta de compromiso público. El estereotipo del mundo académico como una «torre de marfil» es, en gran medida, injusto; muchos académicos se preocupan profundamente por los asuntos de interés público. El verdadero desafío reside en otro aspecto. La vida académica tiende a recompensar los logros individuales frente a los colectivos, algo que queda bien patente en los grandes congresos. Siguen siendo sorprendentemente escasas las oportunidades para que los académicos unan sus conocimientos en pos de un objetivo público compartido.

El minipúblico combinó sesiones plenarias con deliberaciones en grupos reducidos. Comenzó con una sesión plenaria de apertura, en la que Roberto Gargarella pronunció la conferencia principal (sus reflexiones sobre el minipúblico, en español, pueden consultarse aquí). A continuación, los participantes se distribuyeron en diez grupos —cada uno de unas doce personas— asistidos por facilitadores. Los grupos debatieron cinco temas: el contenido normativo del derecho a la democracia (¿qué debería proteger este derecho que no protejan ya los derechos individuales y colectivos existentes en las constituciones democráticas?); su dimensión deliberativa; sus implicaciones para las instituciones constitucionales vigentes; el papel de las innovaciones democráticas; y los riesgos que tanto dichas innovaciones como el reconocimiento de tal derecho podrían plantear, así como posibles salvaguardias.

Dos ámbitos que con demasiada frecuencia permanecen separados, pero que necesitan dialogar urgentemente —el derecho constitucional y la innovación democrática—, se unieron en este nuevo formato académico.

Como suele ocurrir en los procesos deliberativos, las recomendaciones resultaron ser sorprendentemente detalladas y sustanciales. Los participantes insistieron en que el derecho a la democracia debía proteger un entorno deliberativo, y no solo el derecho al voto. Argumentaron que las garantías constitucionales debían extenderse no solo a los tribunales, sino también a los organismos de control y a las autoridades electorales. Añadieron que los tribunales debían fortalecer sus mecanismos de interacción con la ciudadanía, especialmente en casos de gran impacto social. Asimismo, los participantes advirtieron sobre los riesgos del hiperpresidencialismo.

Recomendaron varias reformas institucionales. Entre ellas, mayor transparencia en las reuniones del gabinete y en los procedimientos judiciales, protecciones jurídicas más sólidas para la oposición extraparlamentaria y la posibilidad de conferir carácter jurídicamente vinculante a algunas promesas políticas. Asimismo, sugirieron que los representantes electos y los altos funcionarios públicos se sometan a un proceso de rendición de cuentas al finalizar sus mandatos, y que los debates presidenciales sean obligatorios.

Los participantes respaldaron innovaciones democráticas como los minipúblicos. Cabe destacar que propusieron un modelo voluntario en el que los ciudadanos pudieran inscribirse con antelación, siempre que completaran el programa de formación necesario antes de participar.

Varias recomendaciones abordaron el ámbito digital. Los participantes propusieron crear un organismo independiente, ajeno a los tres poderes del Estado, para resolver casos relacionados con la desinformación digital. Asimismo, sostuvieron que los algoritmos requieren una regulación más estricta y plantearon una regla de «mitad y mitad», mediante la cual las plataformas digitales expongan a los usuarios a información proveniente de diversas perspectivas políticas. Los participantes criticaron la microsegmentación política y algunos sugirieron la creación de plataformas de redes sociales públicas, tanto a nivel nacional como internacional. Por último, recomendaron una regulación más rigurosa de los sistemas de inteligencia artificial para evitar la invisibilización de las mujeres y las minorías étnicas.

Las recomendaciones finales se remitirán a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, así como a otros tribunales y órganos legislativos, tanto nacionales como internacionales.

El experimento estuvo lejos de ser perfecto, y hay muchas cosas que haríamos de manera diferente la próxima vez. Algunas conversaciones resultaron difíciles de iniciar y, en ocasiones, los participantes derivaban hacia debates académicos. Para los estándares de la mayoría de los minipúblicos, el proceso fue breve; sin embargo, comparado con una conferencia académica, fue notablemente largo. Los talleres y sesiones plenarias habituales en las conferencias académicas suelen durar dos horas. Lograr que 200 personas mantuvieran interés en una minipúblico durante cinco horas, mientras se desarrollaban muchas otras actividades en paralelo, fue un logro. Al igual que muchas iniciativas deliberativas, este minipúblico dependió casi por completo del trabajo voluntario. El comité organizador, los facilitadores, los estudiantes ayudantes y los participantes aportaron su tiempo sin recibir remuneración económica alguna. De haber contado con más recursos, habríamos organizado sesiones en línea antes y después de la deliberación presencial.

Sin embargo, dos campos que con demasiada frecuencia permanecen separados, pero que necesitan urgentemente dialogar entre sí —el derecho constitucional y la innovación democrática—, se unieron en este nuevo formato académico. Esperamos que este minipúblico sea un primer paso hacia un mayor enriquecimiento mutuo entre ambos ámbitos, así como un formato innovador que otras conferencias académicas puedan tomar como referencia en el futuro.

Sobre los autores

Felipe Rey es profesor de Derecho Constitucional en la Pontificia Universidad Javeriana, Co-Lead de Democracy R&D y cofundador de iDeemos. Ha participado en el diseño y la implementación de varias asambleas ciudadanas en América Latina, entre ellas la Asamblea Ciudadana Itinerante de Bogotá (2020–2023) y los Ciclos Deliberativos (2024–2027). Recientemente fue coautor de los dos informes Year in Deliberation de Democracy R&D, así como de “Assemblies Across Borders”, publicado en el Journal of Deliberative Democracy.

Magdalena Correa Henao es profesora de Derecho Constitucional en la Universidad Externado de Colombia. Su investigación se centra en el derecho constitucional, el control judicial, los derechos sociales y las libertades económicas.

Roberto Gargarella es Investigador Principal del CONICET (Argentina) y profesor visitante en la Universidad Pompeu Fabra, donde dirige un proyecto Advanced Grant del ERC. Ha escrito extensamente sobre constitucionalismo, democracia, igualdad política y la relación entre el derecho y la política, con especial atención al constitucionalismo latinoamericano. Es autor de numerosos libros, entre ellos Latin American Constitutionalism y The Law as a Conversation Among Equals.

Jorge Ernesto Roa Roa es profesor de Derecho Constitucional en la Universidad Pompeu Fabra. Su investigación se centra en el derecho constitucional, el control judicial y la democracia deliberativa.
César M. Vallejo es profesor de Derecho Constitucional en la Universidad Externado de Colombia. Su investigación se centra en el derecho constitucional, la teoría democrática, los derechos humanos, la ciudadanía, la migración y la innovación democrática.